Gilberto P. Miranda. Politólogo y Director Creativo de 26 Norte, agencia especializada en desarrollar narrativas visuales y estrategias de comunicación.
El cambio político, por definición, implica incertidumbre. Pero las incertidumbres que se viven en México no están ligadas a la legitimidad del nuevo gobierno federal (el triunfo de la presidenta Sheinbaum fue contundente), sino a cómo se comportará ante los retos del país.
También generan incertidumbre externalidades inmediatas, como una segunda presidencia de Donald Trump en EEUU, y de mediano y largo plazo, como los efectos del cambio climático.
En este escenario, hay una crisis mayor: instituciones, valores y sistemas democráticos que se creían firmes, empiezan a mostrar grietas, mientras asoman personajes y gobiernos de corte abiertamente autoritario en diversas partes del mundo.
Este es parte del contexto -desafiante, sin duda- en que tiene que seguirse pensando la evolución del sistema político y económico que nos rige hacia uno más humano, que es precisamente lo que plantea la Iniciativa Capitalismo Social.
Para impulsar un sistema que genere desarrollo humano y económico a la par, se debe tener apertura a cuestionar paradigmas, a colaborar entre sectores y, quizá lo más importante, a la imaginación para encontrar soluciones innovadoras.
Estos son cinco retos para el avance del capitalismo social en México:
Reconocer el desgaste del sistema económico en la percepción de la ciudadanía
A la mayoría de la población no le ha ido bien durante décadas en México, lo que lógicamente ha generado insatisfacción.
Uno de los principales factores para entender esta insatisfacción es el salario, pues por más de 30 años perdió poder adquisitivo. Es decir, con los mismos 100 pesos se compraron cada vez menos kilos de carne, de tortillas o de huevo.
La UNAM ha calculado que en el periodo 1987 a 2017 (un año antes de llegar López Obrador a la presidencia) el poder adquisitivo del salario se redujo 80% en el país.
En la década que corrió de 2008 a 2018, el salario mínimo se mantuvo prácticamente congelado, lo que en los hechos significó una reducción, pues mientras los salarios se mantuvieron casi fijos, la inflación continuó su curso (México Cómo Vamos, 2024).
De acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Yglesias “la movilidad social en México aún es baja: 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social, se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México (2019).
Las consecuencias en términos de percepción son claras: hoy en México solo 37% consideran que el capitalismo funciona bien, y solo 30% que es justo, aunque un 55% lo sigue prefiriendo a otros sistemas (EPEC, 2022)
Durante el sexenio de López Obrador, se dio un aumento del salario mínimo de 110% en términos reales, el mayor registrado desde fines de los años setenta. Esto redujo el número de trabajadores en precariedad laboral (ENOE, INEGI, 2023).
Una forma más sencilla de verlo es a través de productos de la canasta básica. Con el salario mínimo se compraban 3.1 kilos de frijol en 2018, y 5.3 kilos para 2024, al término del sexenio. De tortilla se compraban 6.5 kilos hace seis años, y actualmente alcanza para 12 kilos.
Esta realidad “de bolsillo”, aunada a las transferencias directas hacia grupos como adultos mayores, probablemente sea uno de los principales factores que explican la popularidad de Morena como fuerza política.
El sector privado -que es quien paga los salarios- no logró posicionarse como parte de este beneficio, sino que fue enmarcado en términos discursivos como una respuesta a la exigencia gubernamental.
Tomando en cuenta lo anterior, tendría sentido que sea precisamente el sector privado quien impulse la conversación de salario digno (tema básico de un enfoque de capitalismo social), aprovechando para abrir otras conversaciones complementarias con el gobierno federal, desde la renegociación del T-MEC hasta mejorar las condiciones de competitividad e inversión.
Generar contrapesos efectivos para equilibrar la agenda
La victoria de la presidenta Sheinbaum fue acompañada por mayorías calificadas en ambas cámaras, lo cual se había convertido en una probabilidad muy baja durante el siglo XXI.
Ser una fuerza política con súper mayorías -que, hay que decirlo, es un escenario en la democracia- ha permitido que las reformas impulsadas por el oficialismo hayan sido aprobadas de forma innecesariamente apresurada, y por ende, con mínimo debate público.
Este escenario preocupa por al menos dos elementos: el primero, que muchos de los movimientos del partido oficialista parecen tener como motivación principal la centralización del poder y el cierre de espacios que pudieran significar cuestionamientos o trabas a las decisiones de la federación, como el caso de los organismos autónomos y en buena medida, el poder judicial.
Segundo, que con la excusa del supuesto combate a la corrupción y privilegios excesivos (que obviamente es necesario atender), se está minando la institucionalidad democrática del país, que de por sí ya era débil.
Actualmente México ni siquiera se considera una democracia defectuosa, sino un régimen híbrido, es decir, que tiene elementos de democracia y de autoritarismo. Esto de acuerdo al Democracy Index que publica The Economist, donde se divide a los países en cuatro categorías: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
A esto hay que sumar que México es de los países donde la democracia ha perdido más apoyo en Latinoamérica: se redujo 8 puntos en los últimos 3 años. Además, México es el país de la región donde más se apoya que exista un gobierno autoritario, con 33% (Latinobarómetro, 2023).
Junto a esta tendencia autoritaria -no sólo del gobierno, sino de parte de la población a aceptarla- hay que sumar la debilidad de la oposición política expresada en los partidos, que no han sido capaces de articular un proyecto convincente, un relato atractivo ni los liderazgos para impulsarlo.
Por tanto, los contrapesos al oficialismo requieren trascender a los partidos. Estos pueden venir de una agenda unificada de la iniciativa privada (cuyos temas delinea con claridad la encuesta EPEC realizada por ICS), movimientos organizados como mujeres y estudiantes, la prensa crítica y otros grupos sociales organizados que podrían ejercer presión y ampliar espacios de diálogo.
Reconstruir la confianza y generar espacios de colaboración multisectorial
La pluralidad no es sencilla, pero reflejarla es básico para cualquier democracia. Decía el filósofo Zygmunt Bauman que el verdadero diálogo es hablar con quienes no piensan como tú.
En este sentido, merece la pena una reflexión de fondo: la generación de valor público beneficia a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, una mejor seguridad es parte de nuestro derecho a vivir en paz y a ejercer el libre tránsito; al mismo tiempo, mejora el clima de negocios, fomenta inversiones y reduce los riesgos para la juventud, entre otros efectos económicos y sociales.
Durante su reciente visita a México, la economista Mariana Mazzucato afirmó que “el capitalismo no es un sistema determinista, sino el resultado de las decisiones que se toman en las diferentes organizaciones que componen la economía: públicas, privadas y financieras”.
Esto significa asumir que es posible dar dirección a la economía, orientándose hacia lo que Mazzucato llama “misiones”, que son los principales problemas que enfrentamos como sociedades.
Hace sentido que todos los sectores hagamos esfuerzos conjuntos para reducir la violencia, impulsar la movilidad social y detener el cambio climático, por ejemplo.
En este sentido, el Capitalismo Social puede fungir como espacio de encuentro, pues el planteamiento de generar desarrollo humano y económico a la par coincide con el de crear valor público.
Esta creación de valor público implica asumir que se puede dar forma a los mercados, en lugar de pensar solo en corregirlos. Y esto puede convocar a construir agendas comunes que generen innovaciones y beneficios conjuntos, como plantea Mazzucato. Por supuesto que esto implica que haya disposición de los sectores y apertura al diálogo.
Reconstruir el relato de la IP para conectar con las mayorías
Si bien la iniciativa privada es un sector, sería un error asumirlo como monolítico. La diversidad de circunstancias, enfoques y perfiles de quienes comandan empresas de todo tamaño en sí misma es valiosa.
Pero en términos de percepción, la confianza en el sector está dividida. De acuerdo a la Encuesta de Percepción del Empresariado y el Capitalismo (EPEC) que realiza ICS, el 49% de los mexicanos confía mucho o algo en los empresarios. Por ejemplo, la confianza en el gobierno alcanza 42%, en los medios el 47% y en los maestros el 69%.
Pero cuando se pregunta por la confianza en el empleador directo, la cifra aumenta hasta el 73%, lo que implica una oportunidad interesante para resignificar cómo se percibe la relación entre empleadores y empleados.
La otra gran oportunidad es trabajar en la agenda que la ciudadanía espera del sector privado. La misma EPEC marca con claridad que los cuatro temas donde quiere ver involucrados a los liderazgos empresariales son: mejores salarios, cuidado del medio ambiente, combate a la corrupción y oportunidades a las mujeres.
Es probable que la colaboración intersectorial en estos temas tenga un potencial de generar comunicación positiva respecto a la IP.
La confianza se construye a través de acciones, pero estas tienen que buscar deliberadamente un encuadre o framing, es decir, cómo se traducen al discurso público, que durante el último sexenio se ha llenado de conceptos como “liberales y conservadores”, “fifís y chairos” y “aspiracionistas”.
El problema es que adoptar estos encuadres, aún para criticar o expresar una posición contraria, solo refuerza el discurso dominante. Por eso se requiere no solo una agenda renovada, sino una nueva narrativa y los conceptos adecuados para posicionarla en la conversación pública.
Convertir el capitalismo social en un factor de resiliencia, innovación y certidumbre para la economía mexicana
La transformación del sistema económico a uno que tenga como prioridad el desarrollo humano implica cambiar diversos paradigmas, pero también encontrar oportunidades de innovación y creación de valor.
Por ejemplo, un verdadero compromiso con la transición a energías limpias implica cambios profundos en múltiples cadenas de valor, pero también la oportunidad de crear nuevas industrias y trabajos verdes.
Otro ejemplo claro es el impulso de la educación y oportunidades profesionales para las mujeres. El Banco Mundial señala que cuando las mujeres prosperan, también lo hacen los países y comunidades, calculando que el ingreso per cápita a largo plazo sería casi un 20% mayor si tuvieran el mismo nivel de empleo que los hombres.
Si hay una lección clara que aprender de los últimos cuarenta años en México es que si no hay la intencionalidad de que el valor creado tenga un enfoque humano, esto no sucederá por sí solo.
El riesgo de seguir por la misma vía es claro: no solo ante el aumento de los populismos en todo el mundo, sino al rechazo de la democracia ante su incapacidad de generar mejores condiciones económicas para las mayorías.
En este sentido, parece que debajo de la polarización política que se ha alimentado desde el partido gobernante, hay más coincidencias de las que parecen con un creciente sector del empresariado, comenzando con la importancia de trabajar por mejores salarios y condiciones para la mayoría de las personas.
No será fácil, pero ninguno de los retos que amenazan el futuro del país y del mundo se beneficiarán de la polarización y el sectarismo. Vivimos una época exige repensar modelos y replantear la colaboración como la manera más efectiva de encontrar respuestas, pero escuchando a todas las voces.
Avanzar hacia un enfoque de capitalismo social puede transformar la lógica de la actividad económica misma, es decir, dejar de ver la producción de utilidades como fin último, y volver a verla como un medio para la reinversión y el desarrollo social.
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